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UN ANÁLISIS CRÍTICO DEL FEDERALISMO
170 FISCAL MEXICANO Y EL CASO DE CHIAPAS
problema); motivo por el cual el gobierno estatal siguió manejándolos por muchos años en
nombre del municipio (Cabrero, 2000; Cabrero y Orihuela, 2011).
Durante el gobierno de Zedillo (1994-2000), se vuelve a renovar el federalismo. Su pro-
yecto de “nuevo federalismo” se enfocaba en tres puntos específicos: “descentralización, fede-
ralismo hacendario y renovación municipal” (Reza, 1999: 3). En ello se generaron iniciativas de
redistribución de funciones y recursos entre los tres niveles de gobierno, particularmente en
los sectores de educación (1992), salud (1996), programas de lucha contra la pobreza y crea-
ción de infraestructura social (Cabrero, 2000). Este último se concentró en el ramo 26, cuyos
fondos fueron descentralizados a estados y municipios (Cabrero, 2000; Díaz y Silva, 2004).
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Autores como Cabrero (2000), Raich (2003) y Sour (2004) argumentan que los proce-
sos de descentralización fiscal cobraron mayor importancia en 1997, ya que a finales de este
año el Congreso aprobó una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), dando origen al
Ramo 33 que incluye diversos fondos de transferencias intergubernamentales, entre los cuales
sobresalen: el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) y el Fondo de Aportaciones
para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones del D.F. (FORTAMUN-DF) dirigi-
dos exclusivamente a los municipios (Sour, 2004).
La evolución del federalismo fiscal en México presenta una clara tendencia a la descentrali-
zación del gasto, pero en contraparte se centraliza aún más la recaudación tributaria, debilitando
de esta manera la autonomía fiscal de los gobiernos locales lo cual genera pereza fiscal y por ende
una mayor dependencia ante el gobierno federal (Sour, 2004; Cabrero y Orihuela, 2011).
5 El primer año de gobierno de Zedillo se descentralizó el 50 por ciento, en el segundo 65 por ciento y el tercero prác-
ticamente la totalidad de los fondos (Cabrero, 2000). Para 1996 les fue transferido prácticamente el 70% del total de
recursos presupuestados: el 65% a los municipios y el 5% a las entidades, conservando la Federación el 30% restante
(Pérez y González, 1998).
Universidad Autónoma de Chiapas
